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EDITORIAL

¿Somos menos que vascos y catalanes?

15.02.2018 
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CON LENTITUD, pero algo se mueve en la batalla política por la AP-9, la autopista cuyo traspaso toda Galicia reclama al unísono. No deja de ser un pequeño milagro esa unanimidad en O Hórreo sobre la gestión pública de una infraestructura capital para vertebrar nuestra sociedad e impulsar nuestra economía, como no deja de ser un error crispante y un inaceptable agravio el empecinamiento del Gobierno central -ahora el PP y antes el PSOE- en amarrar las competencias. La pregunta de Alexandra Fernández, diputada de En Marea, durante la sesión de control al Ejecutivo, ayer, retrata con exactitud la discriminación que soporta Galicia: ¿somos menos que vascos y catalanes? Nos merecemos, al menos, que el ufano ministro de Fomento y hasta Mariano Rajoy nos expliquen por qué Audasa, la concesionaria casi a perpetuidad, aplica subidas dobles de precios y gestiona a la buena de Dios -lo certifica la avalancha de reclamaciones de los usuarios- una de las autopistas españolas más rentables. Y no nos merecemos, desde luego, que Íñigo de la Serna se atrinchere en su derecho a veto para impedir que se vote en el Congreso la proposición de ley que pide el traspaso de la titularidad de la AP-9, y que el Parlamento gallego aprobó por unanimidad. Por supuesto que la pregunta de si somos menos que vascos y catalanes es pertinente: ellos tienen transferidas sus infraestructuras desde hace años, mientras que nosotros tendremos que seguir pagando peajes hasta 2048, si antes no se imponen la cordura y el respeto a la equidad. Es un pequeño paso adelante que el Congreso acabe de aprobar una proposición no de ley para revertir al territorio de lo público las autopistas de peaje, aunque la iniciativa defendida por Yolanda Díaz no tenga carácter vinculante. Si en algo están de acuerdo Xunta, oposición, empresarios, sindicatos y sociedad, es en reclamar el traspaso de la Autopista del Atlántico. Y aunque tiene razón el presidente Feijóo cuando advierte de que no puede ser una operación que suponga una carga de gasto para los gallegos por los descuentos en los peajes, más pronto que tarde el Gobierno central y el Congreso deberán atender las demandas de Galicia. Simple y llanamente porque es de justicia.